Empezó a militar en Proyecto Sur desde el Movimiento Emancipador, antes de que el partido de Pino Solanas existiera como tal. Hoy Luciano Umérez es uno de los comuneros más jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Como único representante de esas filas en Recoleta, denuncia al macrismo porque “hay una política de gobierno para que nosotros no cumplamos con nuestro deber de funcionario público”.
Umérez explica a NOVA que los problemas de la Comuna 2 no escapan a las contrariedades que se advierten en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “El comunero -sostiene- debe encargarse de reconstruir el tejido social del barrio, que viene siendo destruido desde la dictadura en adelante, y una vez que se logra eso, con la gente participando, uno se puede empezar a hacer cargo de las cosas más prácticas, como el arbolado y las veredas, o la obra de calefacción de una escuela”.
Esa es la gestión de los comuneros en Capital Federal, pese a que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, demora la transferencia de competencias a las comunas. “Para que haya verdaderamente una democracia participativa tiene que haber, primero, grandes campañas de concientización sobre los problemas del barrio, un espacio de discusión, empezar a estudiar las leyes, hablar con los chicos, y recién ahí se pueden empezar a poner los ladrillos de una nueva democracia participativa”, define.
En esta charla, un análisis a fondo de las necesidades de la Comuna 2, la “falta de compromiso” del macrismo en la Legislatura, el impedimento operativo y presupuestario de los comuneros para ejercer su función y, en el plano político, el “momento de transición” que está pasando Proyecto Sur, a quien Umérez le reconoce “luces y sombras”. Además, asegura que “es un mentiroso quien plantea que el kirchnerismo le hace la oposición al macrismo en la ciudad”.
- Usted viene realizando una campaña por la recuperación del Hospital Rivadavia. ¿Cómo está hoy la situación?
- La situación es decadente desde hace décadas. Se empezó a profundizar el problema cuando pasó de ser un hospital nacional a un hospital de la ciudad, con la reforma de la Constitución. A partir de ese momento, se cierra por ejemplo la Escuela de Enfermería. Después empieza un proceso de desfinanciamiento del hospital, que se ve no sólo en la parte edilicia sino en términos de personal. Ya con el gobierno de (Aníbal) Ibarra hubo un intento de que CEMIC empezara a pagar alquiler, porque ocupa uno de los pabellones de manera ilegal. El CEMIC accede a pagar 20 mil pesos de alquiler, extrayendo los servicios del hospital. Paga dos meses y después deja de pagar. Con el gobierno de Macri el proceso de deterioro se mantuvo en la pendiente de decadencia.
- ¿De qué manera?
- En el 2007, una empresa empieza a hacer supuestas reparaciones en el pabellón Cobo, que era el pabellón quirúrgico. Luego de unos meses de obra, se fueron, y el pabellón quedó clausurado. Y ahí perdimos todos esos quirófanos. El subsuelo está semi inundado, clausurado también. En el 2008 el Gobierno emitió un decreto para que el CEMIC desalojara: no cumplieron pero el gobierno de Macri no hizo absolutamente nada. Ahí salen ya las primeras propuestas de transformar el Hospital Rivadavia en un hospital geriátrico. Con la resistencia de los trabajadores, se frenó. Luego quisieron cerrarlo. El ministro Jorge Lemus, que es ministro de Salud y dirigente de la Asociación de Médicos Municipales, empieza plantear que la ciudad no necesita 33 hospitales, sino ocho, y que el Rivadavia era redundante y muy viejo, por lo que había que cerrarlo.
- ¿Cómo se gestó esa reacción?
- Empezamos a coordinar con los enfermeros una campaña para evitar el cierre. Logramos evitarlo, y se acercó el legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, primer director del Centro de Gestión y Participación (CGP) de Recoleta, con la gestión de (Enrique) Olivera. Logramos un espacio de consenso entre médicos, UPCN, Sutecba y ATE, y se impulsa la ley 3697, que salió con el consenso de todos los trabajadores. Por el nivel de detalle que tiene, no necesita reglamentación.
- ¿Y qué pasó?
- Lo que siempre pasa con el macrismo: se hace un acuerdo en la Legislatura pero después puede pasar absolutamente cualquier cosa. Macri puede vetar leyes del propio oficialismo, lo que hace muy endeble cualquier tipo de negociación que se pueda tener con el Pro. En esa ley se establecía que se iba a gestionar un crédito internacional para reacondicionar el hospital, y que si ese crédito no llegaba entraba en el Presupuesto 2012. Obviamente, no entró en ese presupuesto, pero además no hay mención a la ley allí. Las licitaciones de agosto no se hicieron. Antes de asumir, ya habíamos empezado una campaña de divulgación de los temas de salud en el barrio. Porque la comuna no es sólo una descentralización de la administración pública, sino una descentralización del poder, pero cómo uno va a descentralizar poder si el ciudadano común no conoce su propio barrio: qué hospitales hay, cuáles son las calles del barrio, qué escuela y en qué condiciones. ¿Qué clase de democracia puede uno ejercer si no conoce las cosas sobre las que está votando? Es una falsa democracia.
- ¿Cómo afecta ese conflicto a la vida en el barrio?
- Si se habla con un vecino que vivió toda su vida en Recoleta, seguramente nació en el Hospital Rivadavia. Con ese nivel de decadencia, toda la gente mayor tuvo que empezar a pasar al sistema privado de salud, como en las escuelas. La gente de clase media huye de la escuela pública y pasa al sistema privado de educación, que no era la situación de cuando yo era chico, que fue hace poco. Por un sentimiento republicano básico, la gente quiere que el hospital funcione. Es como con la escuela púbica. Y quizás, si funcionase bien, uno se ahorraría esos 1500 pesos y mandaría sus hijos a la escuela pública. Para cuando asumimos, empezamos a movernos en términos de gestión. Presentamos diferentes pedidos de información pública al Ministerio de Desarrollo urbano, porque el Rivadavia es un edificio histórico, y al Ministerio de Salud, para ver qué obras estaban haciendo para el cumplimiento de la ley.
- ¿Obtuvieron respuesta?
- Nos contestaron muy mal, y admitieron que no estaban cumpliendo la ley. Durante más de tres meses el director de Hospital me negó una audiencia para hacer recorridas con vecinos, aunque sí se juntó con los comuneros del Pro. Confunden el rol de un funcionario con el de los partidos políticos, y eso obliga a una partidización del problema, cuando en realidad es un problema institucional, del cumplimiento de una ley. Hicimos una asamblea, y los vecinos plantearon no sólo los problemas de los dos hospitales del barrio, sino de los hospitales públicos en general.
- ¿Hay denominadores comunes?
- Cuando discutimos salud en la ciudad, estamos discutiendo salud en términos metropolitanos. Es un problema de los dos gobiernos: el de la Ciudad y el de la provincia de Buenos Aires, que no puede atender ni siquiera a su propia población. La discusión empezó a pasar por la defensa de la identidad de Recoleta.
- ¿Qué otros problemas tiene la Comuna 2?
- Uno de los problemas principales de Recoleta es el tema de la inseguridad. No tanto con el hurto callejero, que ahí es un problema menor, sino los asaltos en los departamentos. Es un problema grave de la Argentina que en Recoleta se ve: hay mafias que operan en el barrio, y en el país, y se van diversificando en sus negocios. Esa mafia va comprando fiscales, jueces, funcionarios en el gobierno de la Ciudad, de la Nación, y va extendiendo su poder y su espacio de influencia. No estoy diciendo que la Argentina sea México, pero si nosotros permitimos este deterioro de las instituciones del Estado, a manos de las mafias, se nos va a empezar a hacer realmente complicado.
- ¿Cómo se vive eso en el barrio?
- Recoleta tiene dos comisarías: la 17 y la 19. La 19 tuvo ya cuatro comisarios en 13 meses. Los últimos dos se fueron por denuncias penales de recibir coimas de los prostíbulos del barrio. El último está directamente involucrado en la causa de Raúl Martins. Con los vecinos nos contactamos con la Fundación La Alameda. Uno de los prostíbulos de Raúl Martins es “Madahos”. Empezamos a buscar un espacio de neutralidad partidario, porque mantener la independencia es algo difícil. Trasladamos ese problema a la Iglesia, empezamos a hacer asambleas en el barrio. Con los vecinos hicimos un mapa de la inseguridad, y aprendí muchísimo. Algunos contaban que en sus departamentos los asaltaron policías, por diferentes señales. La realidad es que la policía hoy no investiga, pero todavía no es demostrable en la Justicia. La sensación que hay en el barrio es que se liberan zonas, y que son bandas que saben lo que hacen. Relacionamos todos los temas, y concluimos que la policía no se ocupa porque está concentrada en sus negocios. Y ahí saltó el tema de los prostíbulos.
- ¿Cómo se llevó adelante ese trabajo?
- Hicimos un mapa e identificamos 43 prostíbulos en Recoleta, en un mes. Así que no era difícil encontrarlos. Presentamos eso en todas las agencias del Estado que tienen algo que ver. Yo lo presenté en la Junta Comunal, que no lo quiso discutir. En Rentas de la Ciudad, porque hay evasión impositiva en los prostíbulos. Pero es un problema de todo el Estado: Rentas no hace lo suyo, Afip tampoco, el Ministerio de Trabajo menos, ni tampoco la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, que se tiene que encargar de la asistencia a las víctimas. Nosotros demostramos con una cámara oculta que había una menor de edad en uno de los lugares. La Agencia de Control Gubernamental, que se encarga de la habilitación de estos lugares, no actúa. Funcionan en departamentos, no están habilitados y directamente se tienen que clausurar, porque lo que están haciendo es una actividad comercial. Más allá, claro, de la cuestión penal de que haya trata de personas y narcotráfico, que eso es otra discusión de la Justicia Federal. Una de las cosas que pido es que las comunas manejen su cuerpo de inspectores.
- ¿Por qué?
- Porque los inspectores son una cueva de mafiosos que precede al gobierno de Macri, que lo único que hizo fue fomentarlos. Pero estaban de antes: los mismos inspectores de la época de Cromañón son los que están hoy.
- Otros comuneros de Proyecto Sur denuncian al gobierno de Macri por las dificultades presupuestarias e incluso hasta de infraestructura para desempeñar sus cargos. ¿Cuál es su postura?
- Es un desastre. Hay una política de gobierno de que las comunas no funcionen, y eso es una violación de la Constitución de la ciudad, porque la comuna es una jurisdicción, no la reconocen como tal y la metieron dentro de una Subsecretaría, y eso es una locura.
- ¿Podemos hablar entonces de una implementación a medias del sistema de las comunas?
- Ni siquiera a medias. Lo único que hay es que los comuneros cobran su sueldo. Pero, después, hay una política de gobierno para que nosotros no cumplamos con nuestro deber de funcionario público. Yo quiero hacer mi trabajo y no se me permite. Nosotros creamos las áreas de gestión dentro de la comuna. Por ejemplo, en mi caso, yo sería el secretario de Arbolado y Luminaria: me tengo que encargar de controlar a las empresas que ganaron las licitaciones de poda, pero las empresas no me reconocen a mí como autoridad competente, sino al Ministerio de Espacio Público, a la Dirección de Arbolado. Lo mismo con luminarias. No reconocen a las comunas, porque la política del gobierno central es que los reconozcan a ellos, no a las comunas. Y ni siquiera estamos discutiendo las grandes cosas, como, por ejemplo, que es la comuna la que tendría que hacer las licitaciones para ver qué empresa se queda con poda y luminaria. Todavía no llegamos ni a esa discusión. No se me permite nombrar personal: ¿cómo me voy a hacer cargo yo de controlar ocho mil árboles solo, cuando no tengo camioneta, bicicleta ni viáticos? Es una falta de respeto al ciudadano. No nos quisieron dar ni el patrimonio del inventario de la comuna. Ya entra en lo delictivo, porque todos los funcionarios del Pro, de comuneros hacia arriba, están obstruyendo los deberes de funcionario público de los otros comuneros, que sí tienen ganas de trabajar.
- Yendo a lo político, ¿cómo está hoy Proyecto Sur?
- (Piensa) Proyecto Sur está atravesando un momento de transición. Como experiencia, tuvo sus luces y sombras. Uno de los mayores éxitos de Proyecto Sur, que nos lo planteamos cuando lo fundamos, era instalar en el debate público temas que no podían estar invisibles, como la discusión sobre los hidrocarburos e YPF, la deuda externa, el modelo de Estado productivo, la minería a cielo abierto y la contaminación y la reconstrucción del sistema ferroviario. En eso fue un éxito, porque los temas se instalaron, un poco por Proyecto Sur y otro por la realidad misma. Son cuestiones que, tarde o temprano, iban a estallar. Fracasó en otras cuestiones: en su política de alianzas, en sus dudas sobre el tipo de construcción, si nacional o en la ciudad. Y hoy está en una etapa de definición.
- ¿Definición de qué?
- O se replantea volver a los orígenes de la construcción de un movimiento nacional que salga de la discusión partidaria y se meta de lleno en las grandes discusiones políticas, o se lo fagocitan las políticas de alianzas electorales que plantea el progresismo berreta que siempre se presenta como lo nuevo cada dos años pero son los mismos de siempre. Con todo el afecto que le puedo a tener a un montón de compañeros, son los mismos tipos. El progresismo es muy endeble en sus construcciones: demasiado personalistas, con muchas dudas sobre si enfrentar a la gestión o a una política de Estado, confunden la oposición a alguna medida con ser oposicionista. El pueblo, al principio, da un cheque en blanco a lo nuevo.
- A Pino le dieron un cheque en blanco en 2009…
- Claro. En 2009 sacó el 25 por ciento de los votos. Y ahí hubo una incapacidad nuestra para capitalizar esa masa de votantes en una construcción política que sea capaz de enfrentar verdaderamente al macrismo y al kirchnerismo y ser una opción de gobierno. Pero las fallas de Proyecto Sur no son sólo fallas nuestras, sino generales de la política argentina. Es un mentiroso el que plantea que el kirchnerismo le hace la oposición al macrismo en la ciudad, porque lo veo en el barrio. No hay una construcción de base que dispute otra forma de gestionar el Estado. Después están los otros, los que no son gobierno, que ahora te dicen que son Nuevo Encuentro pero antes eran Solidaridad e Igualdad, pero antes te decían que eran de la CC, antes del Ari, y la Alianza, y el Frepaso, y siempre estuvieron en lo mismo: un grupo de gente con buenas intenciones que no se proponen ser una alternativa de poder, y no hay discusiones políticas de fondo. Proyecto Sur tampoco se salva de eso, tenemos que ser sinceros. Hay que recuperar la institucionalidad, y no como lo dicen los radicales, sino porque no hay más partidos políticos. Proyecto Sur tiene que plantearse eso: si vamos a ser lo distinto o vamos a transformarnos en una parte más del sistema político.
Fuente: http://www.novanacional.com
