CELEBRAMOS EL DIA DE LA LEALTAD A LAS 18HS EN PICHINCHA 674

3er Boletín en Defensa de la Salud Pública

Llegó el Boletín Nº2 en Defensa de la Salud Pública

Incendio y desidia en el Hospital Rivadavia

El día 29 de agosto a las 10 am se incendió el depósito del área de ginecología. Los bomberos atribuyeron la causa del incendio a un cortocircuito del sistema eléctrico. Es importante destacar que el área de ginecología fue donde se electrocutó una médica residente el 1° de julio debido a la pobreza de la instalación eléctrica y de los equipos que manipulan.

Ninguno de estos “accidentes” debieron haber sucedido puesto que desde el año 2010 está vigente la Ley 3.697 de “Recuperación Integral del Hospital Rivadavia”. En dicha Ley se establece en el artículo 3, inciso “k” que es necesario en el “Pabellón Maternidad sector “B” (donde se encuentra el área de Ginecología) completar la renovación integral de la infraestructura del mismo abarcando los servicios de agua, sanitarios, energía eléctrica como así también la reparación de los locales existentes”.

Lo único que intentó hacer el director del Rivadavia, por orden directa del Ministro Salud, Jorge Lemus, frente al incendio fue evitar que los medios filmen el estado deplorable de la instalación eléctrica y el lugar del incendio. En las semanas anteriores se negó a recibir a los médicos residentes y al comunero Luciano Umérez para discutir sobre los problemas en las instalaciones del hospital.

Por lo tanto, lo que sucede en el Hospital Rivadavia no son accidentes sino una serie de actos de negligencia y corrupción por parte de las autoridades competentes.

El Hospital Ricardo Gutiérrez se encuentra semi privatizado.

El freno a la obra de la fundación Mc Donald´s en el Hospital de Niños fue una victoria al avance de la privatización del Hospital. Esta victoria es histórica ya que es la primera vez que se frena completamente (por ahora) un proyecto privatizador del Gutiérrez.

Hoy día el Hospital Ricardo Gutiérrez lleva privatizados diferentes servicios. El de lavandería lleva más de 10 años privatizado y para lograrlo debieron cerrar la lavandería propia que tenía el hospital. El resonador magnético que funciona dentro del establecimiento es de la empresa ARGUS, la cual también es dueña de los resonadores del Fernández y del Durán, y el Estado debe pagarle por cada paciente al que le realice un estudio. El mantenimiento edilicio, jardinería y limpieza está a cargo de la empresa Mejores Hospitales la cuál ha sido denunciada por los trabajadores por no enviar suficientes insumos críticos como lavandina (la limpieza es uno de los principales factores de las enfermedades intra-hospitalarias). El comedor también se encuentra privatizado y el servicio es cada vez menos satisfactorio. Hasta el pago de haberes al personal del Hospital se encuentra privatizado y depende de la empresa Meta4.

Y la lista continúa. Por eso el freno al proyecto de que Mc Donadl´s se quede por 20 años con parte del predio del Hospital, impulsado por la directora Cristina Galoppo (militante del PRO) toma una trascendencia mayor para la lucha en defensa de la Salud Pública en toda la Ciudad de Buenos Aires. Y es por ello también, que las elecciones de los profesionales del Ricardo Gutiérrez son tan importantes para toda la comunidad, ya que fue la conducción actual es la que se enfrenta diariamente al avance privatizador.

El CEMIC ocupa desde hace más de 20 años parte del Hospital Rivadavia a pesar de que un Decreto de 2008 establece su desalojo.

El CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”) desde su fundación en 1958 comenzó a ocupar parte del espacio físico del Hospital Rivadavia, específicamente la sala XX. Pero, es en 1979, bajo la última dictadura militar que pasa a ser pleno uso del edificio que hasta el día de hoy ocupa en Av. Las Heras y Sanchez de Bustamante.

A principios de 1992, se transfirieron los hospitales de la órbita de la Nación a la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Durante el gobierno de Ibarra, con el fin de regularizar la situación del CEMIC, se firmó un Acta Acuerdo entre el Estado (la entonces Dirección General de Concesiones y Privatizaciones) y la institución privada que fue aprobada por el Decreto Nº63 en enero de 2001. Por medio de éste, se legitimó la ocupación que el CEMIC llevaba más de 10 años realizando del predio ubicado en la Avenida Las Heras 2900. La concesión se estableció por 3 años y se pactó como canon mensual $ 24.000 y 144 cuotas mensuales de $  8.271,34 a fin de sanear la deuda que la institución privada tenía con el Gobierno porteño por los años que había utilizado gratuitamente el espacio público. Dicha deuda permanece vigente ya que el CEMIC no ha cumplido con su compromiso de pago.

Finalizado el plazo de los 3 años, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podía otorgar por medio de Licitación Pública un nuevo permiso de ocupación, en el cual el CEMIC contaría con un privilegio sobre los demás eventuales oferentes. El vencimiento del plazo fijado en el Acta Acuerdo operó el 28 de diciembre de 2003, desde entonces el CEMIC ocupa ilegalmente el predio. 

El Poder Ejecutivo de la Ciudad dictó el 29 de diciembre de 2008 el Decreto Nº 1.542, el cual ordenaba el desalojo del CEMIC. La decisión no se debió a la voluntad de querer hacer cumplir la ley, sino a los planes que el Gobierno de Mauricio Macri tenía para el Hospital Rivadavia: demolerlo. Entre los considerandos de ese Decreto figura: "debido a reformas que se llevarían a cabo en el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y a los efectos de mejorar la atención de los pacientes que asisten al mismo, no resultaba conveniente continuar con la concesión del predio que el CEMIC ocupa." La prueba de la real intención está en que frenada la demolición por los reclamos y las acciones de los vecinos y trabajadores de la salud y sancionada la Ley Nº 3697 que establece el Plan de Recuperación Histórica Integral del Hospital, el CEMIC continúa usurpando el predio.

Desde la última dictadura militar al día de hoy el CEMIC ha pagado sólo dos meses de alquiler.

Fuente: http://saludycomunas.blogspot.com.ar

Negocios sucios con las sábanas de los hospitales Públicos

Los hospitales pasaron de pagar 10 mil pesos mensuales a 240 mil con la gestión Macri. La empresa que limpia la ropa de la Metropolitana se quedó con un contrato de 31 millones de pesos mediante fraude en el proceso de licitación. 

El 28 agosto de 2009, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la licitación pública N° 1643 y el decreto Nº 937, adjudicó el “Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” a las firmas: Lavadero El Lucero S.R.L., Lavadero ANCA S.A. y Tex Care Argentina S.A. El monto total de la licitación fue de más de 31 millones de pesos y abarcó a 16 de los 33 hospitales porteños.

Las compras hospitalarias hasta la gestión PRO, se realizaban desde cada hospital y la limpieza de la ropa de cama costaba muchísimo menos que ahora. Según el diario Clarín, en el Hospital Udaondo, el costo mensual de la limpieza de blanquería era de 10.166 pesos y en la nueva contratación pasó a ser de 243.600 pesos.

Las empresas Setex S.A., Apparel Argentina S.A. y El Ingale S.R.L. también se presentaron para la licitación, pero fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos de contratación. Estas empresas denunciaron haber sido perjudicadas intencionalmente con el objetivo de dejarlos fuera de competencia. Por ejemplo, se les exigió a los oferentes un monto de facturación inalcanzable para la mayoría de los proveedores y un espacio para el lavado de mínimo 1.200 m². De esta manera, se benefició a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas.

Pero lo controversial de esta adjudicación no termina ahí. Las tres empresas resultaron ser un mismo grupo económico. Se comprobó que el Lavadero ANCA era de Héctor Andrelo, un empresario casado con Magdalena Gaccetta, quien era vice-presidenta de Tex Care y que renunció justo antes de la licitación. Además, en el directorio de ANCA estaba Estela Maris Andrelo, esposa de Luis Alberto Nerguizian, quien era presidente de Tex Care. Y Haydeé Mouriño, la madre de los Andrelo, fue denunciada por los otros oferentes como propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, haciendo imposible que se presentaran como dos empresas distintas. El Lucero, por su parte, hizo una oferta al precio exacto de sus supuestos competidores pero por los únicos tres hospitales que no le interesaban a las otras dos firmas. Demasiada casualidad para la Fiscalía quien realizó una investigación al respecto.

El Lucero, estuvo envuelto en otro escándalo cuando fue clausurado por el mismo Gobierno que le otorgó una concesión por 10 millones de pesos. “Evada las normas y será premiado”, parece ser la moraleja. La Fundación La Alameda denunció a este lavadero por no contar con las condiciones de higiene y seguridad necesarias para la salud de los trabajadores y vecinos. La clausura tras el escándalo mediático fue rápidamente levantada.

En cuanto a los reclamos de los otros oferentes fueron, finalmente, desestimados por el gobierno de la Ciudad mediante el decreto N° 567, “refrendado por los señores Ministros de Salud, de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros” y el cual notificó a dichas empresas que “se encuentra agotada la instancia administrativa, no siendo el presente acto administrativo susceptible de recurso alguno”. Es decir, que no podían hacer más que aceptar la decisión gubernamental.

El plazo de la licitación fue por un período de 2 años, venciendo 31 de octubre de 2011. Antes de que se cumpliera ese plazo, la contratación fue prorrogada por otro año más. Los nuevos contratos sumaron más de 15 millones de pesos. Pero además, el Gobierno de la Ciudad acordó un contrato con el Lavadero ANCA por $ 280.000 para “el servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el mes de agosto de 2011, para el Instituto Superior de Seguridad Pública” es decir, para la metropolitana.

A pesar del contrato millonario, enfermeras del Hospital Rivadavia denunciaron que no llegan las sábanas al área de maternidad, y que las nuevas sábanas que reciben por donaciones “se pierden” y se reemplazan por “sábanas viejas de hoteles”.

Fuente: http://saludycomunas.blogspot.com.ar/

El nieto Nº 106 nació en el Hospital Rivadavia‏

Se trata de Pablo Javier Gaona Miranda, nacido el 13 de abril de 1978 y secuestrado ese mismo año con sus padres. Es hijo de la tucumana María Rosa Miranda y del paraguayo Ricardo Gaona Paiva aún desaparecidos.

Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy la restitución de la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto 106 recuperado. Durante una conferencia de prensa, explicaron que el joven nació el 13 de abril de 1978 y fue secuestrado el 14 de mayo de ese mismo año junto a sus padres Ricardo Gaona Paiva -nacido en Paraguay- y la tucumana María Rosa Miranda. Tenía apenas un mes de vida.

La restitución del joven se logró luego de que el 29 de junio último, Pablo Javier se acercara a Abuelas con dudas sobre su origen.

Frente a los indicios de que podría tratarse de un hijo de desaparecidos , fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para que se le realizara el correspondiente examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Ricardo Gaona Paiva nació en Asunción del Paraguay el 20 de septiembre de 1956 y en su familia lo apodaban "Petit", informó Abuelas en un comunicado.

"Militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), estuvo detenido en la Comisaría de Villa Martelli y en la cárcel de Olmos, y a poco de recuperar la libertad se integró al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)", agregó.

En cuanto a la madre de Pablo Javier, María Rosa Miranda, recordaron que también era militante del ERP y que había nacido "en la provincia de Tucumán el 10 de noviembre de 1949". Sus amigos le decían "Mery" y su nombre mientras militaba era "Silvia". Al papá del joven recuperado sus compañeros le decían "Jorge" o "Paraguayo", informó Abuelas.

Ricardo consiguió trabajo como portero de un edificio en el centro porteño y allí se mudaron con María Rosa, que pronto quedó embarazada. El 13 de abril de 1978 en el Hospital Rivadavia nació Pablo Javier. Un mes y un día más tarde, el 14 de mayo de 1978, la familia "se dirigió a Villa Martelli, a la casa de los padres de Ricardo, en donde se reunieron para celebrar el aniversario de la independencia de Paraguay. Se despidieron y nunca más se supo de ellos", indicaron.

Pablo Javier fue entregado a un matrimonio que lo anotó como hijo propio. El entregador fue un coronel retirado, primo del apropiador, quien además es su padrino. Aunque el chico siempre supo que no era hijo biológico, le habían dicho que había sido traído de Misiones.

En 2001, Pablo Javier empezó a tener dudas y se preguntó si podía ser hijo de desaparecidos. Siete años más tarde, le dijo a la mujer que lo crió que iba a acercarse a Abuelas. Según Abuelas, "luego de unos rodeos, la mujer le confirmó su sospecha: era hijo de desaparecidos y lo había entregado su padrino". Los exámenes de ADN lo confirmaron.

Abuelas estima que unos 500 hijos de desaparecidos, fueron robados y apropiados por represores o sus cómplices durante la última dictadura.

La salud pública NO es PRO.

En los últimos días el Gobierno de la Ciudad lanzó de manera televisiva un spot, bastante extraño, ya que consta de dos partes que sólo mediante la repetición uno logra comprender que se trata de uno solo. Dicho spot se refiere a la salud pública, específicamente al SAME, el sistema médico de emergencia de la Ciudad. Pero, lo llamativo es verlo al Ingeniero Mauricio Macri, diciendo que “la salud pública es prioridad” cuando su accionar desde la Jefatura de Gobierno ha dado muestras claras de lo contrario.

La situación de los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires da rendidas cuentas de que la salud pública no tiene un lugar destacado en la agenda gubernamental. El Hospital de salud Borda es el caso más paradigmático en tanto lleva más un año ya sin gas. En abril de este año, se demolió la panadería-taller “Pan del Borda”, el cual significaba no sólo una actividad terapéutica para los pacientes, sino que con lo producido se abastecía a comedores populares. ¿El objetivo? Construir oficinas públicas.

En 2008 se presentó un amparo donde se le exigía al Gobierno de la Ciudad que llevara a cabo las obras necesarias para solucionar los problemas relacionados a los suministros de gas, agua y electricidad. En 2010 tuvo sentencia favorable pero el Gobierno apeló y el expediente duerme en la Sala II de la Cámara de Apelaciones.

Otro caso es el de Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, ubicado en el barrio de Recoleta. En el 2008, el gobierno había anunciado su demolición argumentando que se encontraba en un estado “irrecuperable”. Tras dos años de lucha de enfermeros, médicos y vecinos la Legislatura aprobó la ley 3.697 para la recuperación integral de la institución. A día de la fecha no se han realizado obras y sólo funciona el 20% del hospital. A fines de mayo, Macri presentó un proyecto para concesionar por 20 años una parte del hospital a Mc Donald’s. Esto no es novedad. En 2009, ya se había privatizado a favor de la Casa Ronald Mc Donald un sector del Garrahan.

Si quedan dudas de si es o no prioridad la salud para la gestión PRO: el gasto presupuestario en publicidad y propaganda en el primer trimestre de 2012 fue de $ 86.097.356, mientras que para obras en educación $ 11.186.812 y en salud $ 4.310.968.

Lo público en general, no es prioridad para el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, ni lo es para los funcionarios del PRO. Lo público es de todos. Lo privado, sujeto a la lógica del mercado, busca la rentabilidad, no el bien común. Esta diferencia Macri la entiende perfectamente y actúa de manera consecuente a la política neoliberal de los años 90, edén de los negocios privados. El abandono y el desprecio por lo público es una política de estado para el PRO.

La Ciudad encubre el funcionamiento de más de 100 prostíbulos

Son 126, de una lista elaborada por la propia Dirección de Fiscalización y Control porteña, y que el gobierno de Macri se rehúsa a clausurar.

La Fundación La Alameda difundió la lista de los 126 prostíbulos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y que fue confeccionada por la misma Agencia Gubernamental de Control (AGC) bajo el título "Archivo de AGC. Casas Clandestinas de Servicios Personales". Es una nómina de whiskerías y cabarets relevados por el organismo y entregado a la Alameda por el propio titular de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) de la Ciudad, Rafael Roldán. La organización presentará entre hoy y mañana la actuación judicial correspondiente.
Según La Alameda, el gobierno porteño "pretende encubrir a los prostíbulos ilegales y prohibidos en todo el país por la Ley Nacional 12.331 de Profilaxis y los convenios supranacionales ratificados por el Congreso". En consecuencia, el vicepresidente de la organización, y abogado penalista, Mario Ganora, confirmó que realizarán una presentación en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). "Se viola la ley, que obliga a la clausura inmediata", afirmó el letrado. De la lista de 126 prostíbulos, muchos siguen en actividad, aunque figuran como clausurados, y otros no funcionan hace años, pero por acción de la justicia. Uno de ellos es el ubicado en Casco 126, en Liniers, donde, según La Alameda, se somete a la esclavitud a inmigrantes paraguayas, con enrejamiento del ámbito de trabajo.

La nómina fue entregada por Roldán en su propio despacho a vecinos de Recoleta y el comunero del partido Proyecto Sur, Luciano Úmerez. En dicha reunión –de la que también participó La Alameda–, el funcionario prometió que irían sobre los prostíbulos denominados "privados", que no cuentan con habilitación, algo que en los hechos no ocurrió.

No obstante, Roldán negó la situación prostibularia de algunos de los locales que funcionan alrededor del cementerio de la Recoleta. "No son prostíbulos, funcionan como boliches. Nunca comprobamos prostitución", definió el funcionario. Los vecinos respondieron que "en estos prostíbulos no existen bailes, se hicieron repetidas cámaras ocultas que lo demuestran, y hasta se violan normas tan básicas como la prohibición de fumar, que es muy fácil detectar por la colocación de ceniceros hasta dentro de los baños." Para Roldán, "los ceniceros son souvenirs".
El funcionario reconoció que vio las cámaras ocultas de La Alameda, donde se verifica que estas "whiskerias" promocionan la prostitución por cuenta ajena de mujeres, niñas, inmigrantes indocumentadas, y son a su vez boca de expendio de drogas.

La UFASE le pidió hace más de un año al Ejecutivo local que cierre 41 de estos locales. Para el fiscal Marcelo Colombo, su titular, la de la AGC es "una falsa excusa legal. Se pudo establecer que existía proxenetismo, y como estaban habilitados, le pedimos a la Ciudad que intente ver la posibilidad de revocar las habilitaciones, pero hasta el momento no tomaron ninguna decisión. Si cerró algún local, fue por decisión propia", afirmó.

Ante la consulta de Tiempo Argentino, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evitó referirse a los prostíbulos: "La Ciudad puede investigar si cumplen las medidas de seguridad y la habilitación. Si atrás de ello hay delito de trata, quien tiene que investigar es la justicia”. «

En mayo pasado, Córdoba se convirtió en la primera (y única) provincia que prohibió la actividad de prostíbulos y cabarets. La iniciativa fue presentada en el parlamento provincial por el bloque oficialista de Unión por Córdoba y contó con el apoyo de la Unión Cívica Radical, el Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba. El Frente Cívico y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se posicionaron en contra.

La norma prohíbe la instalación y el funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o locales de alterne.

Las provincias de Santa Fe, Río Negro y Tucumán podrían copiar la normativa.

Fuente: http://tiempo.infonews.com