Cierre de Jardín de Infantes en la Comuna
En esta semana se dio a conocer en diversos medios la situación alarmante de más de 150 chicos de entre 3 y 5 años que asisten al Jardín de Infantes N°4, ubicado en Cabrera 3430.
La institución educativa (que funciona desde hace más de 100 años en el barrio de Recoleta) corre riesgo de cerrar sus puertas, ya que el edificio alquilado por el Gobierno de la Ciudad, fue vendido por sus dueños a un grupo inmobiliario que planea construir un complejo de torres.
Ante esta problemática, el Gobierno Porteño comunicó a los padres sobre la situación, garantizándoles la asistencia a clases hasta fin de año, obligándolos así a reubicar a 150 chicos de cara al ciclo lectivo 2012.
La candidata número dos a legisladora de la Ciudad por Proyecto Sur, Virginia González Gass denunció la situación, y puso en evidencia la crisis educativa de la ciudad, y en particular, de la Comuna: “Al jardín asisten unos 150 chicos que no se sabe a dónde llevarán a cabo el ciclo lectivo 2012. Esto empeora aun más la situación de la educación inicial en la Ciudad, que es la que mayor déficit tiene. Sólo el 30% de los chicos pueden acceder a educación inicial, estatal o privada. Sólo en el nivel inicial, que va de los 45 días a 5 años, la falta de vacantes es de 6.500, algo no sólo inmoral sino violatorio de las constitución de la Ciudad”.
Los padres responsabilizan al PRO, denunciando una deuda en el pago del alquiler, principal causa que habría llevado a los dueños a vender el predio. Además, Gonzalez Gass, también denuncio la inacción del Gobierno de la Ciudad frente a esta problemática: “Es lamentable en tanto existe una ley, la 1.804 sancionada por la Legislatura el 6 de octubre de 2005 y promulgada el 15 de noviembre de 2005, que ordena la expropiación del inmueble para garantizar el funcionamiento del jardín".
El caso del Jardín N° 4 se encuadra en una problemática generalizada que incluye a todo el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez, es un caso que pone en evidencia nuevamente el orden de prioridades que este gobierno le otorga a la educación frente a los negocios inmobiliarios.
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