YPF: INTERVENCIÓN SIN EXPROPIACIÓN

Por Héctor GIULIANO

SINTESIS 

La presente hoja de síntesis es el compendio de las principales ideas-eje del artículo del autor titulado “YPF: UTILIDAD PÚBLICA, DEUDA O SALVATAJE?”, del 23.4.12.

1. El Poder Ejecutivo ha tomado dos decisiones que no van necesariamente asociadas: la Intervención de YPF y la Expropiación de parte de las acciones de Repsol.
   
   
2. La intervención de la Empresa, en principio, es correcta dada las graves irregularidades de gestión y la denuncia de vaciamiento por parte del Gobierno.
   
   
3. Estos delitos deben ser debidamente investigados y llevados a la Justicia por Administración Fraudulenta así como por responsabilidades en la Política de Hidrocarburos.
   
   
4. El proyecto de ley de Expropiación, en cambio, es innecesario e inconveniente para el Estado Argentino desde el punto de vista económico-financiero.
   
   
5. Los fundamentos del proyecto de ley de expropiación son vulnerables porque presentan inconsistencias que pueden costarle muy caro al Estado Nacional. La iniciativa oficial mezcla Utilidad Pública y Delitos.
   
   
6. Haciéndose cargo del paquete mayoritario de YPF el Estado cargará una triple deuda pública nueva: los pasivos acumulados bajo la gestión Repsol-Eskenazy (unos 9.000 MD), el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol (30.000 MD) y las eventuales indemnizaciones a la firma española.
   
   
7. La Deuda Pública Indirecta proveniente de las Empresas del Estado – que tiene al Gobierno Central como avalista o garante de última instancia - no posee capacidad de repago demostrada y se suma así al sistema de Deuda Perpetua del Fisco Nacional y Provincial.
   
   
8. La expropiación de acciones liberaría a Repsol de sus responsabilidades por los pasivos de YPF y por el incumplimiento del plan de inversiones en exploración de petróleo y gas. Bajo estas circunstancias, la expropiación implica en la práctica una descarga o salvataje a Repsol por las consecuencias del endeudamiento y la infra-inversión en YPF que el Poder Ejecutivo le atribuye haber causado.
   
   
9. En línea con el punto 2, el Gobierno Kirchner es co-responsable directo de las irregularidades que imputa a Repsol y, consecuentemente, también su comportamiento debe ser investigado.
   
   
10. El grupo co-administrador Petersen-Eskenazy – ligado al gobierno y favorecido con la compra de sus acciones con deuda y la política de reparto excesivo de dividendos - igualmente debe ser investigado.

La Opinión Pública y la Clase Política están siendo inducidos a la errónea creencia que la estatización de acciones de la empresa va a solucionar la Crisis de Deuda de YPF sin ver la nueva y pesada responsabilidad financiera que se le carga al Estado Argentino.